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29 DE Septiembre 2024 - 02:47
Un reciente artículo de Marcel Elizondo, titulado "Inversión extranjera: historia de una catástrofe", ilustra el retroceso sufrido por la economía argentina en las últimas dos décadas. En 2001 el stock de inversión extranjera directa en la Argentina ascendía a 79.504 millones de dólares, lo que equivalía al 0,9% del stock mundial y al 26% de América Latina. Hoy es esa cifra alcanza apenas al 0,3% del stock mundial, o sea tres veces menos, y un 4% del total de la región, o sea más de seis veces menos que a principios de siglo.
Según la CEPAL en ese lapso, el stock de inversión extranjera directa en América Latina se multiplicó por 10, mientras que en la Argentina apenas se duplicó, ya que fue de 130.000 millones en dólares en 2023. En ese mismo período Uruguay lo multiplicó por 30, Colombia por 16, Perú por 11, Chile y México por cinco y Ecuador casi lo cuadruplicó.
Brasil y México son las dos economías latinoamericanas que concentran el mayor porcentaje de inversión extranjera directa. Brasil recibe el 36 % del total y México el 25%. En menores proporciones, Chile cuenta con el 9%, Colombia con el 8%, Perú con algo más del 4% y la Argentina con un 4%. Al empezar el siglo XXI la Argentina era la tercera en ese ranking y hoy ocupa el sexto lugar.
"El riesgo país, que ascendía a los 2.700 puntos en diciembre descendió hasta 1,146 puntos el 22 de abril".
Estas cifras tornan superflua cualquier aclaración sobre la relevancia que tiene para la Argentina la recreación del flujo de inversión extranjera directa, virtualmente interrumpido desde la salida de la convertibilidad. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) permite atenuar esta limitación estructural para las inversiones mayores a los US$200 millones en los rubros estratégicos estipulados en la norma, que establece, entre otros beneficios, una mayor libertad para la repatriación de las ganancias empresarias a las casas matrices y, fundamentalmente, un mecanismo de arbitraje internacional para resolver las controversias que puedas surgir de la implementación del sistema. En otros términos el RIGI reduce drásticamente las prevenciones y los temores derivados del "riesgo argentino".
Un ejemplo elocuente de la dimensión que puede suponer esa garantía es la sentencia de la justicia de Nueva York que condenó al Estado argentino al pago de US$16.000 millones de dólares al grupo Burford en concepto de indemnización por las irregularidades cometidas en la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Ministerio de Economía estaba a cargo del actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, un fallo que impactará fuertemente en las cuentas públicas en los próximos años.
El resto de las inversiones carece de esas atractivas garantías fijadas por el RIGI. Esta es la causa de que, a pesar de los datos favorables vinculados con la baja de la inflación, los atisbos de reactivación en la economía y la incipiente reaparición del crédito para el consumo, la tasa riesgo país, la brecha cambiaria y el nivel de reservas del Banco Central, que habían experimentado mejorías notorias en los comienzos de la gestión de Milei, se encuentren estancados en los últimos cuatro meses. La tasa riesgo país, que ascendía a los 2.700 puntos básicos en diciembre de 2023 descendió hasta un mínimo de 1146 puntos el 22 de abril y desde entonces dejó de bajar.
"El riesgo país, la brecha cambiaria del 30% y el nivel de reservas del Central afectan la llegada de inversiones".
Es cierto que el escenario internacional tiene perspectivas favorables para un incremento sustancial de las exportaciones argentinas en agroindustria, en energía (petróleo y gas), en minería (principalmente cobre y litio) y las industrias del conocimiento. Pero con un riesgo del país como el actual, que torna inviable el acceso al crédito externo, una brecha cambiaria del 30%, que posterga la unificación del mercado cambiario, un nivel de reservas en el Banco Central todavía fuertemente negativas es difícil imaginar una ola de inversiones no acogidas a los beneficios del RIGI, originadas en las empresas multinacionales o en los US$400.000 millones que los argentinos tenemos ahorrados fuera del sistema financiero (sea en el exterior, en las cajas de seguridad o en el colchón).
No es una cuestión de "mala praxis" sino de asignación de prioridades. Contra los numerosos expertos que recomiendan la liberación inmediata del mercado cambiario aún a costa de una devaluación de la moneda, Ricardo Arriazu, uno de los economistas más respetados de la Argentina, sostuvo que "la mayoría de los economistas creen que hay que devaluar. Yo creo que no. Yo creo que, si devaluamos, chau, se acabó todo". La derrota de la inflación convertida en el objetivo principal y excluyente de cualquier otro hace que el gobierno privilegie ante todo el mantenimiento del valor del peso, aún a expensas de frenar la acumulación de reservas en el Banco Central. Esta misma explicación vale para la reducción del "impuesto país", que tiende a inducir una rebaja de precios a través del aumento de la competencia de productos importados, aunque esto implique aumentar la demanda de divisas para pagar esas importaciones.
Desde ya que esa decisión del equipo económico, justificada en la necesidad política de evitar un salto inflacionario, conlleva el costo de dilatar el levantamiento del cepo cambiario establecido por Cristina Kirchner a fines de 2011, inmediatamente después de su reelección, una medida que no casualmente coincidió con el inicio del período de estancamiento que experimenta la Argentina en los últimos trece años.
"Los argentinos tienen guardados US$400 mil millones, en el exterior o en el colchón".
Esta situación explica la heterogeneidad que caracteriza a los índices de esa incipiente recuperación económica, cuyo epicentro está situado en la Patagonia, por la energía y la minería, en las provincias del Norte, por la actividad minera, y en la Región Centro y el interior de la provincia de Buenos Aires, por la agroindustria. Esa localización coincide con el hecho de que en las elecciones de 2023 Javier Milei ganó en todas las provincias y perdió en el conurbano bonaerense, que es también el lugar donde su imagen positiva es sensiblemente inferior a su elevado promedio nacional, a la inversa de lo que sucede con Cristina Kirchner, cuya pésima imagen nacional no se reproduce en el Gran Buenos Aires.
Pero no es ésa la única dualidad que presenta la actual situación. Existe otra, en parte concomitante con la anterior, profundizada por la reducción del impuesto país y la necesidad de contener el aumento de precios, La política de apertura internacional privilegia a los sectores tecnológicamente más avanzados e internacionalmente más competitivos del sistema productivo, en detrimento aquéllos de menor productividad. En términos de mediano y largo plazo implica también una redefinición de la geografía económica argentina.
Este contraste resulta más notorio en el conurbano bonaerense, que alberga alrededor del 30% de la población y es el mayor foco de conflictividad social. La necesidad de una reconversión integral del sector industrial del Gran Buenos Aires para elevar su nivel de productividad, exige enfrentar dos grandes desafíos: la modernización de la legislación laboral y la creación de un sistema de aprendizaje permanente y formación continua para la capacitación de la fuerza de trabajo que posibilite su incorporación a un sistema productivo signado por el incesante cambio tecnológico.
En este plano también resulta ineludible una estrategia de concertación social. En los hechos, y más allá de la retórica inflamada de algunos de los actores, existen ciertos puntos de acuerdo. En relación con la legislación laboral el más relevante es el consenso de muchas organizaciones sindicales, incluido el gremio de empleados de comercio, que es el de la mayor cantidad de afiliados, en la implementación de un sistema de indemnización legal por despido similar al existente desde hace más de medio siglo en la industria de la construcción. En la cuestión de la capacitación de la fuerza de trabajo se conformó ya un Consejo Tripartito, con la participación de la CGT y las principales centrales empresarias, significativamente encuadrado dentro de ese "Consejo de Mayo" un organismo cuya integración continúa pendiente.
La respuesta a estos grandes desafíos no puede quedar a cargo de ningún gobierno. Demanda una amplia concertación política y social. Sin ella cualquier política de largo plazo no pasa de ser una expresión de deseos
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico/ Miembro del Centro de Reflexión Política Segundo centenario